lunes, noviembre 29, 2021
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OSC’s lanzan campaña #ProtecciónNoContención para exigir al gobierno de México proteger a las personas migrantes.

El gobierno de México tiene la capacidad y obligación de brindar protección a las personas migrantes.

Ninguna legislación en México avala las represiones y detenciones migratorias, la separación familiar y las deportaciones arbitrarias que comete el INM y la Guardia Nacional.

Las graves violaciones contra los derechos de las personas migrantes serán denunciadas este martes 26 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 21 de octubre de 2021- Organizaciones, redes y colectivos de México y Centroamérica lanzamos la campaña #ProtecciónNoContención.

El llamando al Estado mexicano -en particular al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN)- a poner fin a la represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección, y se garantice su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria, conforme a la legislación nacional e internacional. México tiene un marco legal1 amplio que permite a las personas regularizar su situación migratoria por razones humanitarias, residencia temporal o por reunificación familiar.

Además del derecho a solicitar asilo, no hacerlo es incumplir con su marco jurídico y sus obligaciones internacionales. En los últimos tres años, el gobierno mexicano ha participado con el gobierno estadounidense en acciones para limitar la protección de las personas migrantes y solicitantes de asilo, externalizando las fronteras de Estados Unidos, militarizando la política migratoria mexicana y criminalizando a las personas que buscan protección.

En marzo de 2020, el gobierno mexicano aceptó participar en la política de expulsiones bajo el Título 42, comprometiéndose a recibir a 100 personas diariamente provenientes de Centroamérica -con excepción de aquellas vulnerables a la COVID-19, como mujeres embarazadas y niñez-. En agosto de 2021comenzaron a registrarse vuelos desde EUA a Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, con personas expulsadas desde territorio estadounidense quienes son trasladadas a la frontera con Guatemala, vía terrestre, por agentes del INM y la Guardia Nacional, sin que se les proporcione información sobre su derecho a solicitar asilo en México.

La mayoría de esta población es expulsada por puntos ciegos en la frontera con Guatemala a altas horas de la noche. A esta acción se han sumado las deportaciones que lleva a cabo el INM desde estaciones migratorias del centro y norte del país, incluso de personas con estancias por razones humanitarias o que han sido reconocidas como refugiadas en México.

La falta de respuestas de las autoridades migratorias y de asilo en México han dejado en un limbo a las personas migrantes en Tapachula, principalmente provenientes de Haití, Venezuela y Centroamérica, quienes han permanecido en ese lugar por más de 1 año sin oportunidades laborales, acceso a salud y educación. Cuando las personas han buscado salir de Tapachula en busca de oportunidades de trabajo y condiciones mínimas para una vida digna, han sido violentamente reprimidas y detenidas por agentes del INM y la Guardia Nacional.

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